El informe que se ha probado el 19 de febrero (INFORME sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen sanciones aplicables a los empleadores de residentes ilegales nacionales de terceros países), que establece sanciones contra los empresarios que utilizan inmigrantes clandestinos, castiga a los explotados más que a los explotadores. No ofrece ni siquiera la posibilidad a los inmigrantes clandestinos, una vez el empleador ha sido denunciado, de regularizar su situación y, lo que es peor todavía, los dirige directamente a los procedimientos de expulsión.El grupo de la Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica ha votado en contra de este informe porque reproduce sistemáticamente las hipocresías de la Europa-fortaleza.
Existen entorno a 6 millones de ciudadanos no europeos, lo que supone un 1% de la población de la UE, forzados a vivir en situaciones irregulares. Estas personas están integradas en el mercado laboral, contribuyen a nuestra economía pero están sometidas a condiciones de explotación a pesar de que efectúan tareas que casi ningún europeo quiere realizar.
Europa necesitará, según la Comisión europea por lo menos 50 millones de trabajadores inmigrantes hasta 2060 para contrarrestar el déficit demográfico, la Unión Europea elige no crear una política sobre la inmigración legal o no regularizar a aquellos que ya viven en Europa y que están integrados en nuestras ciudades.
Este informe sigue perfectamente los principios de la directiva de retorno y determinará el aumento del número de inmigrantes clandestinos en la UE, por eso hemos votado en contra del mismo.
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OPINIÓN MINORITARIA GUE-NGL
El enfoque de la propuesta es —en línea de continuidad con la Directiva retorno, a la que nos opusimos firmemente— equivocado y contraproducente porque:
– es represiva con respecto al eslabón más débil, el migrante;
– no es la solución del problema, a saber, que entre 4,5 y 8 millones de trabajadores migrantes en Europa se vean obligados a trabajar ilegalmente a causa de su estatuto;
– se basa en un fundamento jurídico para combatir la inmigración ilegal y no simplemente el trabajo no declarado.
El resultado de este compromiso permitirá a los Estados miembros castigar severamente a los migrantes, no protegiendo de la expulsión y no previendo de manera generalizada la regularización de quien denuncia la explotación. Para aquellos que son responsables de la explotación, las normas negociadas sancionan únicamente sólo casos de extrema gravedad, además mediante disposiciones sumamente vagas (lo que pone en duda su conformidad con los principios fundamentales del Derecho penal).
El único punto positivo del compromiso parece ser la disposición por la que se excluye de las subvenciones públicas a los empleadores que explotan a los migrantes.
Creemos que la propuesta es perjudicial para los migrantes y contraproducente respeto de la necesidad de una política común para facilitar la entrada y la estancia regular
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link al informe FAVA:
