Esta mañana la Comisión de Peticiones ha aprobado el informe Auken sobre urbanización extensiva en España. Pese a los intentos, por parte del PP español y el PSOE, de evitar la responsabilidad de las administraciones públicas españolas: central, autonómicas, y locales, en los abusos urbanísticos, el contenido del informe no se ha suavizado.Los grupos del PP español y el PSOE se han quedado solos, al no haber sido apoyadas sus enmiendas, ni tan siquiera por sus respectivos grupos en Europa.
"La aprobación del informe ha sido un varapalo a la política especulativa del PP y el PSOE", afirmó Meyer ante los medios de comunicación,"el informe reconoce que España ha desarrollado un modelo de crecimiento económico devastador, tanto para el medioambiente como para la propia economía española." "Con la aprobación de este informe queda demostrado que la Comisión está facultada para interrumpir la aprobación de fondos estructurales, así como a hacer correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa europea. Así mismo el Parlamento Europeo como autoridad presupuestaria también puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesario"- explicó Meyer.
Meyer ha afirmado que "se ha aprobado la declaración de una moratoria de los planes urbanísticos que no respetan los criterios de sostenibilidad medioambiental y de responsabilidad social. Hablamos de centenares de proyectos que están en este momento siendo observados con atención desde Europa."
Además, Willy Meyer ha destacado que se ha aprobado una de las enmiendas presentadas por él, instando al Gobierno Español a crear una Comisión de trabajo, donde participen todas las administraciones, un debate público sobre el desarrollo urbanístico en España, que permita tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible.
El Grupo socialista español ha vetado la enmienda presentada por Willy Meyer, donde se hacía constar la "legislación a la carta" del gobierno de Aragón, que somete el desarrollo socio-económico de la Comunidad Autónoma a los intereses especulativos de las empresas promotoras. Sin embargo, la aprobación de la moratoria y el examen de los macro-proyectos urbanísticos que recoge el informe, permitirán analizar en profundidad las irregularidades que se producen en Aragón, la costa mediterránea y España en su conjunto.
