lunes, 23 de febrero de 2009

VARIOS EURODIPUTADOS ESCRIBEN A URIBE PARA DEMANDAR EL ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE EDWIN LEGARDA, LÍDER INDÍGENA COLOMBIANO

22 eurodiputados de diferentes grupos políticos han enviado una carta a Álvaro Uribe, Presidente de Colombia pidiendo una comisión observadora internacional que acompañe el proceso de investigación de asesinato de Edwin Legarda, esposo de la dirigente indígena Aida Quilcué.

El envío de esa misiva se produce después de que varios eurodiputados, entre ellos Willy Meyer (IU) invitara a Quilcué al Parlamento Europeo a explicar la persecución a la que está sometido el pueblo indígena, especialmente en Colombia.

A continuación se reproduce el texto de la carta:

"Señor Presidente:

El miércoles, 10 de febrero de 2009, recibimos en el Parlamento europeo a la señora Aida Quilcué, mujer indígena colombiana y Consejera Mayor del CRIC, quien se dirigió a diputados europeos y diputadas europeas de diversas bancadas políticas así como a representantes de diversas organizaciones y ciudadanos.

Nos estremeció profundamente el drama de la Señora Quilcué, la persecución que sufre su pueblo indígena a manos de varios grupos armados, pero igualmente del ejército de Colombia: En este contexto, nos indignó sumamente el reciente asesinato de su marido Edwin Legarda, a manos de una escuadrilla del ejército de Colombia., el pasado 16 de diciembre de 2008, Las primeras investigaciones indican que los soldados estaban esperando a la señora Quilcué y que la orden dada por superiores a los soldados era asesinar a una temible guerrillera. El plan contemplaba por lo visto constituir un falso positivo más, ya que la patrulla tenía consigo dos uniformes de campaña y dos fusiles más, que eran de otro tipo que el de los soldados.

Le rogamos, Señor Presidente, que tome serias medidas para que los asesinatos y la persecución de la población civil terminen en Colombia. Muy en particular insistimos una vez más que la lucha de los indígenas es legítima y que de ninguna manera puede ser tildada de terrorismo. Le rogamos que acabe con la impunidad que existe en la actualidad, y es un incentivo para seguir cometiendo crímenes, puesto que beneficia a quienes los cometen.

La gravedad del asesinato del Señor Legarda, cometido además por una patrulla del ejército, cuya tarea debe consistir en imposibilitar este tipo de crímenes y brindar protección a la sociedad civil, nos hace pedir que las investigaciones y el proceso de los culpables sean acompañadas por una comisión observadora internacional, como fue el caso de la masacre de Pando en Bolivia, investigada por una comisión de la UNASUR. Por lo tanto le pedimos, Señor Presidente, autorizar la actuación de dicha comisión. Nos permitimos además subrayar que se necesita no sólo castigar a quienes ejecutaron el crimen, sino también a sus autores intelectuales.

Consideramos urgente que la señora Aida Quilcué y sus compañeros indígenas dejen de ser blanco del ejército y de la policía, y que el Gobierno reconozca públicamente que su lucha es legítima y no pueden ser tildados de terroristas. Es imprescindible poner en marcha un dispositivo de protección inmediata para ellos.

En el mismo contexto, nos urge recordar otros casos similares en su país, Señor Presidente. Así, condenamos y pedimos que se investigue cuidadosamente la reciente masacre de los indígenas Awas.

En este sentido, le pedimos también a Usted que preste la debida atención a las reivindicaciones de la reciente multitudinaria Minga Indígena y Popular, que se le dé seguimiento y que se cumpla con los acuerdos concluidos con el movimiento indígena y los movimientos sociales en general.

En particular nos parece importante que Colombia ratifique sin reserva la Declaración universal de los pueblos indígenas de Naciones Unidas.

En últimos lugar, estimamos urgente que se dé una solución pacífica y negociada al conflicto armado que sigue en Colombia y cuyas principales víctimas son los civiles.

Quisiéramos subrayar, Señor Presidente, que todos los pedidos contenidos en esta carta están basados en el respeto por el espíritu y el sentido de la Constitución de Colombia y del Derecho internacional.