
La refinería, parcialmente financiada con fondos públicos, puede vulnerar la normativa comunitaria, por ejemplo en materia de acceso del público a la información medioambiental (Directiva 2003/4), evaluación de las repercusiones de los proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva 85/337), ya que no se ha presentado un estudio completo sobre los efectos globales del proyecto.
El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer advirtió a la Comisión Europea que ese mismo día los peticionarios habían registrado los múltiples recursos administrativos que habían sido presentados por los afectados, y a los cuales la administración española dilata continuamente una respuesta, para que la Comisión proceda a su examen.
La propia Comisión Europea reconoció que: "Teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y sus posibles efectos en las zonas Natura 2000, la Comisión ha enviado una carta a las autoridades españolas solicitando documentación al respecto" y que "se han observado irregularidades, que afectan tanto a los procesos de información al público como a la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental, conforme a los parámetros exigidos por el derecho comunitario."
En este sentido, Meyer exigió que la petición permanezca abierta, a la espera de que las autoridades españolas faciliten a las instituciones europeas la información y la documentación solicitada.