El eurodiputado de Izquierda Unida interpela de nuevo a la Comisión Europea sobre el impuesto municipal ICIO que favorece a la Iglesia Católica en España.El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer ha interpelado de nuevo a la Comisión Europea en relación al impuesto municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que grava la realización de obras. La Iglesia católica en España en virtud de los acuerdos con la Santa Sede de 1979 y la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 se encuentra exenta de este impuesto contraviniendo el Derecho Comunitario y vulnerando el principio de igualdad ante la ley que debe regir en todo estado de derecho.
Con esta ya son cinco las interpelaciones remitidas a la Comisión al respecto desde junio de 2006. En la última respuesta de la Comisaria de Competencia, la Sra. Kroes del mes de abril de 2008 contestó que "se había puesto en marcha un análisis detallado de esta exención en cooperación con las autoridades españolas", que "la Comisión está examinando la respuesta de España" y que "la Comisión informará directamente a Sus Señorías de los resultados de su estudio una vez concluya el examen de los argumentos de España."
En las preguntas a la Comisión se señalaba que "el estado español está concediendo la exención a obras relacionadas con actividades económicas en las que la Iglesia católica actúa como empresa, es decir, a explotaciones comerciales que realizan en clara competencia con otras empresas privadas que sí están sujetas al ICIO." Así se documentó en las preguntas, dando como ejemplos la construcción de escuelas privadas, universidades privadas, hospitales privados, obras en emisoras de radio privadas, entre otros.
Efectivamente, en una de las respuestas la Sra. Kroes, retractándose de su primera impresión, reconoció poder haber malinterpretado las disposiciones fiscales españolas pertinentes que regulan el ICIO, y se comprometió a pedir a las autoridades españolas que aclarasen sobre qué tipo de actividades se está aplicando la exención.
"Han transcurrido ya 11 meses, tiempo suficiente, desde que la Comisión inició este análisis y desde que se comprometió a enviarnos las conclusiones del mismo", declaró Meyer. "Por este motivo, he instado a la Sra. Comisaria a que facilite los datos aportados por el Estado español y a que me haga llegar las conclusiones a las que ha llegado, transcurrido ya casi un año desde que se comprometió a hacerlo".
"En un momento como el actual en el que la economía familiar y los trabajadores están sintiendo las consecuencias de la crisis duramente -España es el país con el índice de paro más elevado de la UE (14,8% en enero)- el Estado no se puede permitir dejar de ingresar este impuesto en las arcas públicas, favoreciendo a una entidad privada como es la Iglesia Católica"- concluyó Meyer.
