Willy Meyer celebra la aprobación, este mediodía en el Pleno del parlamento Europeo, del Informe Auken sobre el impacto de la urbanización extensiva en España. El informe, que ha suscitado el apoyo de la ciudadanía española y europea, ha sido aprobado por 349 votos a favor y sólo 116 votos en contra.
El PP y el PSOE se han visto solos, ni tan siquiera apoyados por sus respectivos grupos en Europa. El británico Michael Cashman, vicepresidente de la Comisión de Peticiones y miembro del grupo socialista, pidió al inicio de la votación que se retirase su nombre de la propuesta alternativa que el PSOE había presentado. Para Willy Meyer,"el gesto de Cashman ha escenificado el rechazo que los grupos parlamentarios europeos vienen anunciado frente a la actitud de sus colegas españoles, quienes se han empeñado en ocultar las responsabilidades de sus gobiernos a toda costa".
El eurodiputado de Izquierda Unida, que ha participado desde el inicio en la elaboración del informe Auken, dijo que "he defendido con decisión este informe porque pone de manifiesto la responsabilidad de todas las administraciones españolas, desde el Gobierno a las autoridades autonómicas y locales, en el desarrollo de un modelo económico basado en la especulación urbanística, devastador para el medioambiente, la economía y el desarrollo social de España."
El informe alerta sobre la lentitud de las resoluciones, tanto políticas como judiciales, lo que ha dado lugar a la impunidad de las administraciones; y recoge la declaración de una moratoria de los planes urbanísticos que no respeten los criterios de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, permitiendo analizar las irregularidades, para evitar una política de hechos consumados.
A propuesta de Izquierda Unida, este informe insta al Gobierno Español a crear una Comisión de trabajo, donde participen todas las administraciones; un debate público sobre el desarrollo urbanístico, que permita tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible, poniendo fin a la "legislación a la carta" , que afecta a particularmente a las zonas costeras y a Comunidades como madrid y Aragón. Willy Meyer afirmó que "Izquierda Unida considera que el urbanismo en España es una cuestión de Estado que afecta a nuestro desarrollo económico, a nuestro sistema de justicia y a la transparencia de nuestras administraciones."
El eurodiputado dijo que "Las administraciones españolas han dejado a un lado el interés general. Ejemplos claros son el modelo urbanístico de Aragón, donde zonas que deberían gozar de especial protección, como Pirineos o Castanesa, se ven devastadas por macroproyectos urbanísticos y donde la sumisión de su administración a los intereses de la empresa promotora del proyecto “Gran Scala”, se plasmó en una carta blanca poniendo todos los instrumentos legislativos y administrativos de la Comunidad a disposición de los intereses de esta empresa." Meyer continuó diciendo que "esta misma situación, la vivimos a diario en Valencia, donde sus autoridades sin pudor alguno han declarado de "interés general" la Fórmula 1 a fin de justificar la construcción de un circuito que tiene graves consecuencias medioambientales, sin aportar ningún beneficio para los valencianos.
El informe Auken aborda también la repercusión de este modelo de urbanización extensiva sobre los derechos individuales de los ciudadanos europeos y en concreto pone en cuestión los efectos de la Ley de Costas. A este respecto Meyer ha afirmado que "es necesario que España regule de forma efectiva la protección de nuestro litoral, pero la actual Ley de costas no es coherente con los objetivos que busca. Esta Ley está afectando a las poblaciones tradicionales, castigando a los habitantes de pequeños pueblos costeros que siempre han convivido con el mar y sus ecosistemas, mientras que por toda España proliferan urbanizaciones de segunda residencia, que además de vulnerar la propia ley de costas, consumen grandes cantidades de recursos escasos como el agua, y representan un modelo de desarrollo económico insostenible".
El PP y el PSOE se han visto solos, ni tan siquiera apoyados por sus respectivos grupos en Europa. El británico Michael Cashman, vicepresidente de la Comisión de Peticiones y miembro del grupo socialista, pidió al inicio de la votación que se retirase su nombre de la propuesta alternativa que el PSOE había presentado. Para Willy Meyer,"el gesto de Cashman ha escenificado el rechazo que los grupos parlamentarios europeos vienen anunciado frente a la actitud de sus colegas españoles, quienes se han empeñado en ocultar las responsabilidades de sus gobiernos a toda costa".
El eurodiputado de Izquierda Unida, que ha participado desde el inicio en la elaboración del informe Auken, dijo que "he defendido con decisión este informe porque pone de manifiesto la responsabilidad de todas las administraciones españolas, desde el Gobierno a las autoridades autonómicas y locales, en el desarrollo de un modelo económico basado en la especulación urbanística, devastador para el medioambiente, la economía y el desarrollo social de España."
El informe alerta sobre la lentitud de las resoluciones, tanto políticas como judiciales, lo que ha dado lugar a la impunidad de las administraciones; y recoge la declaración de una moratoria de los planes urbanísticos que no respeten los criterios de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, permitiendo analizar las irregularidades, para evitar una política de hechos consumados.
A propuesta de Izquierda Unida, este informe insta al Gobierno Español a crear una Comisión de trabajo, donde participen todas las administraciones; un debate público sobre el desarrollo urbanístico, que permita tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible, poniendo fin a la "legislación a la carta" , que afecta a particularmente a las zonas costeras y a Comunidades como madrid y Aragón. Willy Meyer afirmó que "Izquierda Unida considera que el urbanismo en España es una cuestión de Estado que afecta a nuestro desarrollo económico, a nuestro sistema de justicia y a la transparencia de nuestras administraciones."
El eurodiputado dijo que "Las administraciones españolas han dejado a un lado el interés general. Ejemplos claros son el modelo urbanístico de Aragón, donde zonas que deberían gozar de especial protección, como Pirineos o Castanesa, se ven devastadas por macroproyectos urbanísticos y donde la sumisión de su administración a los intereses de la empresa promotora del proyecto “Gran Scala”, se plasmó en una carta blanca poniendo todos los instrumentos legislativos y administrativos de la Comunidad a disposición de los intereses de esta empresa." Meyer continuó diciendo que "esta misma situación, la vivimos a diario en Valencia, donde sus autoridades sin pudor alguno han declarado de "interés general" la Fórmula 1 a fin de justificar la construcción de un circuito que tiene graves consecuencias medioambientales, sin aportar ningún beneficio para los valencianos.
El informe Auken aborda también la repercusión de este modelo de urbanización extensiva sobre los derechos individuales de los ciudadanos europeos y en concreto pone en cuestión los efectos de la Ley de Costas. A este respecto Meyer ha afirmado que "es necesario que España regule de forma efectiva la protección de nuestro litoral, pero la actual Ley de costas no es coherente con los objetivos que busca. Esta Ley está afectando a las poblaciones tradicionales, castigando a los habitantes de pequeños pueblos costeros que siempre han convivido con el mar y sus ecosistemas, mientras que por toda España proliferan urbanizaciones de segunda residencia, que además de vulnerar la propia ley de costas, consumen grandes cantidades de recursos escasos como el agua, y representan un modelo de desarrollo económico insostenible".