Esta mañana, y a pesar de contar con el permiso por escrito del Secretario de Estado de Seguridad, las autoridades policiales del Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid han impedido el acceso de representantes de ONGs a dichas instalaciones por orden de la Comisaría General de Extranjería. El eurodiputado Willy Meyer, que acompañaba a las organizaciones, se ha negado a entrar en el CIE “para no ser cómplice” de esta actuación de la comisaría. Las organizaciones españolas miembros de la red europea Migreurop denuncian que se prohíba la entrada de ONGs a estos centros y exigen transparencia en su regulación y gestión. “Es una sorpresa y un escándalo que, teniendo la autorización, no se permita la entrada de las organizaciones de la sociedad civil al CIE. Por ello, y ante un hecho tan insólito como que en un Estado de derecho no mande un ministerio sino el comisario, desde mi partido haremos una pregunta parlamentaria al Gobierno”, ha manifestado el eurodiputado por Izquierda Unitaria Europea. “Lo ocurrido hoy aquí es especialmente grave cuando el anteproyecto de la Ley de Extranjería significa un endurecimiento y un paso atrás en los derechos de los migrantes, y entre otras cosas pretende ampliar el plazo de internamiento”.
Meyer ha reiterado “la exigencia de transparencia de estos centros y que por tanto se permita el acceso a los CIEs de la sociedad civil”, y ha anunciado que hará pública su protesta ante el Parlamento Europeo. En su opinión, “lo ocurrido no es tan sorprendente si tenemos en cuenta que España ha aprobado la directiva de la vergüenza”.
Por su parte, Patricia Bárcena, secretaria general de CEAR Euskadi, se ha mostrado “asombrada e indignada por el trato recibido. Somos organizaciones de prestigio, que luchamos por la defensa de los derechos humanos y tenemos relaciones con el Ministerio, con sus lógicos encuentros y desencuentros, pero nunca se nos había tratado de forma insultante. Este darnos con la puerta en las narices nos hace pensar si realmente no se tendrá algo que ocultar en centros de internamiento como éste. Unos centros que están en manos de las brigadas policiales y con un régimen casi peor que el penitenciario”. “Las ONGs criticamos la existencia de estos centros de internamiento de extranjeros. Pero mientras éstos existan, exigimos poder entrar a ellos para garantizar que los derechos de los internados no sean vulnerados, especialmente cuando estas personas no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa”.
Para Manuel Lancha, de Andalucía Acoge, “esto nos demuestra que es necesario y urgente una reglamentación de estos centros mediante ley orgánica”.
La representante de la red europea Migreurop, Claire Sobieniak, lamenta que se haya impedido el acceso de la sociedad civil al CIE “sin dar ningún tipo de explicación, mediante un correo electrónico que llegó ayer a las nueve de la noche desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, después de que se nos confirmara por escrito que el Secretario de Estado autorizaba nuestra visita al centro. Unas visitas que se están realizando hoy a diversas instalaciones de Francia, Bélgica, Italia y Portugal”. En este marco de movilizaciones, además del intento de acceso al CIE de Aluche (Madrid), los miembros andaluces de Migreurop (Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y CEAR SUR) han organizado una rueda de prensa conjunta con el fin de apoyar esta acción y expresar su rotundo rechazo a la política de externalización de la Unión Europea y la multiplicación de los lugares de encierro, dentro y fuera de las fronteras europeas.
