miércoles, 28 de mayo de 2008

LOS ABUSOS URBANÍSTICOS PONEN EN RIESGO EL MEDIOAMBIENTE, EL SUMINISTRO DE AGUA Y EL DESARROLLO ECONÓMICO - SOCIAL DE ARAGÓN


El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer ha intervenido en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, acompañando a Adolfo Barrena, coordinador de Izquierda Unida de Aragón y portavoz de IU en la Cortes de Aragón. Adolfo Barrena pidió ante el Parlamento Europeo que se investiguen los abusos urbanísticos que afectan a Aragón."

En este sentido Meyer dijo que " La desordenada proliferación de proyectos urbanísticos, pone en serio riesgo el medioambiente, el suministro de agua y el futuro desarrollo económico y social de la zona". Además, señaló que "el desarrollo urbanístico en Aragón se rige por una normativa obsoleta, incapaz de organizar de forma sostenible el crecimiento urbano."

Barrena afirmó: "el crecimiento desordenado hipoteca el futuro social y ambiental de las zonas metropolitanas y de las montañas de los Pirineos y el Sistema Ibérico de Teruel, potenciando exclusivamente la creación de segundas viviendas y complejos de ocio, que son importantes consumidores de agua, energía y recursos naturales".

Son muchos lo abusos urbanísticos denunciados, entre los que destaca construcción de un nuevo centro de esquí en el valle de Castanesa; y la expansión desorbitada del área metropolitana de Zaragoza. Meyer recordó también el caso de Ribagorza Norte, sobre el cual ha realizado diversas preguntas parlamentarias. La Comisión europea reconoció que era necesario estudiar el caso de Ribagorza, porque pueden existir serias irregularidades.

El Gran Scala y el protocolo de colaboración firmado entre el gobierno de Aragón y la compañía LEISURE DEVELOPMENT, fueron motivo de un importante debate. Barrena consideró que la administración aragonesa ha dejado a un lado el interés general y se ha sometido a los intereses de la especulación inmobiliaria. La socialista, Inés Ayala, afirmó que "el proyecto del Gran Scala es sólo humo"; ante lo cual Willy Meyer recordó que "simplemente la presentación del proyecto ha costado a las arcas públicas 176.000 euros" y que "un proyecto de tal magnitud exige un seguimiento exhaustivo desde su inicio".

Para concluir, Meyer instó a la Comisión de Peticiones a crear una delegación de eurodiputados encargados de visitar y estudiar el desarrollo urbanístico en Aragón, porque ni las autoridades autonómicas ni las estatales están actuando correctamente.