El eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer ha logrado que el Ejecutivo europeo dé marcha atrás y solicite al Gobierno español explicaciones sobre por qué la Iglesia Católica cuenta con el beneplácito de éste para no hacer frente al pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). De esta forma, la Comisión Europea va a exigir que España aclare la exención de este impuesto municipal para verificar si este régimen de privilegio se ajusta a la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado.
La decisión de la Comisión Europea llega tras la respuesta escrita que la comisaria de la Competencia, Neelie Kroes, dio al coordinador ejecutivo de Política Internacional de IU, Meyer. Éste insistió en esta reclamación ante el organismo europeo después de que, en un primer momento, éste considerase que la exención del ICIO se limitaba "a las actividades puramente religiosas" y, por ello, no afectaba a empresas y no implicaba ayudas públicas ilegales al estar estas recogidas en la legislación española (Acuerdo entre el sobre la inclusión del ICIO entre las exenciones a la Iglesia).
Tras la insistencia de Meyer y del eurodiputado italiano de la Lista Bonino, Marco Cappato, que expusieron que las construcciones realizadas por la Iglesia Católica están relacionadas con actividades "total y absolutamente ajenas al culto católico y que tienen por objetivo la obtención de ingresos", la Comisión Europea se ha visto en la obligación de rectificar su primera decisión.
El eurodipado de IU precisa que "dentro de las construcciones que se benefician de esta exención se encuentran colegios y universidades privados, hospitales privados, obras en emisoras de radio privadas..." Ante esta argumentación y exposición, Kroes no ha tenido más remedio que admitir que "de acuerdo con la información proporcionada por Sus Señorías, hay indicios de que la interpretación de la Comisión podría no ser correcta", por lo que acuerda "pedir a las autoridades españolas que aclaren el ámbito de aplicación de la exención en cuestión".
De esta forma, la Comisión Europea ha rectificado y ha tomado en cuenta la reclamación del eurodiputado de IU, que considera que la exención del ICIO a la Iglesia Católica representa una "desventaja" para las otras empresas no católicas, lo que distorsiona la competencia y destruye el principio del derecho comunitario que establece que las empresas deben competir sobre la base de sus propios esfuerzos".
