El eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer registró ayer una pregunta al Consejo sobre la desaparición de Julio López, testigo clave en el juicio contra un ex represor de la dictadura, hecho que ha conmovido al pueblo argentino, y a gran parte de la comunidad internacional, como pone de manifiesto una campaña internacional que lleva recogidas miles firmas. Después de 30 años de su secuestro por la dictadura genocida, dio testimonio y denunció a Miguel Etchecolatz para que fuera condenado a reclusión perpetua en cárcel común.
Muchas organizaciones denuncian que quienes secuestraron a López son parte del aparato represivo que operó en la última dictadura que aún sigue impune e intacto y que dejó un terrible saldo de treinta mil personas desaparecidas.
En los últimos meses, se han sucedido amenazas y ataques contra testigos, abogados, jueces y fiscales de los juicios que han comenzado a celebrarse en Argentina, con lentitud y escasos medios, una vez derogadas las leyes de amnistía que mantuvo en la impunidad los crímenes de la dictadura militar durante treinta años.
La desaparición el pasado 18 de septiembre de 2006 de Jorge Julio López, 77, un albañil retirado y ex prisionero político, despertó el germen de viejos miedos entre los argentinos. Meyer, recogiendo el sentir y la conmoción de organismos y personas que se han movilizado ante esta desaparición interpeló ayer al Consejo para pedirle que recabe información de las autoridades argentinas sobre el caso, así como sobre las amenazas de fiscales, jueces y testigos implicados en los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado en ese país durante la última dictadura militar.
En la misma pregunta, el diputado de IU pregunta al Consejo si está realizando o piensa realizar seguimiento de los juicios por la desaparición de ciudadanos europeos que se están celebrando además de en Argentina, en Alemania, Francia, España, Suiza e Italia.Willy Meyer se declaró convencido de que el Consejo debería poner en marcha medidas para manifestar su interés en que se realicen juicios con garantías en Argentina, ya que estos juicios son alentadores para la consolidación del Estado de Derecho, ampliando la convicción en la comunidad jurídica sobre la jurisdicción internacional para los crímenes de lesa humanidad.
