Señor Presidente, Señores y Señoras:
En primer lugar quiero empezar diciendo que formo parte del Grupo de Amistad del Parlamento Europeo con el Sáhara Occidental "Paz para el pueblo saharaui", un Grupo formado por diversos diputados y diputadas de diferentes familias políticas y de diferentes países europeos, que lleva cerca de 20 años luchando por los derechos del pueblo saharaui y por el reconocimiento del derecho de autodeterminación del mismo.
El Parlamento Europeo decidió enviar una delegación ad hoc formada por un grupo de eurodiputados para visitar los territorios ocupados en octubre del año pasado, pero ésta nunca consiguió pisar suelo saharahui porque el Presidente de la Cámara de Representantes marroquí, el Sr. Radi canceló la autorización para que esta misión se llevara a cabo, bajo el argumento de que dos de sus tres miembros pertenecían al Grupo de Amistad. Esto supuso una clara muestra de menosprecio y de falta de respeto del Reino de Marruecos hacia la institución del Parlamento Europeo. Ésta no fue la primera vez que el Reino de Marruecos negaba la entrada a observadores internacionales, ya en 2002 hizo lo mismo con una delegación española formada por cargos electos y periodistas, y este mismo verano con una delegación de diplomáticos nórdicos. Esto viene ocurriendo porque Marruecos ha querido siempre ocultar sistemáticamente las violaciones de derechos humanos, la falta de libertad de movimiento y de expresión. Los territorios saharahuis viven bajo una situación de Estado de sitio y esto es lo que explica la represión a la que el Reino de Marruecos tiene sometido al pueblo saharahui, represión que ha sido denunciada por organizaciones como Human Right Watch o Amnistía Internacional y que se ejerce también dentro de territorio marroquí sobre activistas de derechos humanos, estudiantes, sindicalistas... Sirvan de ejemplo las detenciones el pasado mes de julio en Agadir a 7 miembros de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos por haber participado pacíficamente en una manifestación del 1° de mayo, o las brutales actuaciones de los Cuerpos de Seguridad marroquíes para reprimir en Rabat las manifestaciones pacíficas de estudiantes saharauis en junio, hechos los dos que yo he denunciado en su momento ante la Comisión Europea.
Por si todo esto fuera poco, hay que recordar el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos que se firmó en 2005. Un acuerdo a todas luces ilegal celebrado en el mismo momento en que Marruecos se niega a celebrar el referéndum de autodeterminación que exigen todas las resoluciones de Naciones Unidas. En ese momento el negociador de la UE firma ese acuerdo que incluye las aguas del Sahara Occidental amparándose en el falaz argumento de que están "bajo administración marroquí". Resulta así claramente contradictorio que se aduzca un supuesto status marroquí de “potencia administradora” del Sáhara Occidental para obtener beneficios con la explotación de las riquezas naturales del territorio al mismo tiempo en el que Marruecos se niega a cumplir con sus obligaciones internacionales y, en particular, con la celebración de un referéndum de autodeterminación. En este contexto, la celebración del acuerdo de pesca con Marruecos no sólo es una violación del Derecho Internacional al atribuir a Marruecos un status jurídico (el de “potencia administradora”) que no tiene, sino que además pudiera entenderse como un respaldo al incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Una vez más quiero reiterar que el problema del Sahara Occidental es un asunto de descolonización, y que Marruecos no es la potencia administradora, sino la potencia ocupante (resoluciones 3437 y 3519 de la Asamblea General de la ONU). El Sáhara Occidental sigue siendo, jurídicamente hablando, un territorio cuya administración corresponde a España -cualidad que ha sido reiterada en diversas resoluciones de Naciones Unidas (2229, 2354, 2428, 2591, 2711, 2983 y 3162)- , y ésta ha venido vulnerando sistemáticamente la legislación internacional desde los acuerdos de Madrid firmados en 1975. España, como potencia administradora, sólo tenía dos opciones para liberarse de su responsabilidad: proceder a la descolonización, y eso sólo podía hacerse mediante un referéndum de autodeterminación, o no descolonizar.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en abril de este año, en su resolución 1754 pidió negociaciones directas entre las dos partes, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Negociaciones en vista de alcanzar una solución política que permita asegurar la autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental. Pero los resultados hasta el momento no son demasiado esperanzadores, ya que Marruecos no ha mostrado voluntad de solucionar el conflicto. Está teniendo lugar una situación de legitimación del derecho colonial consumado.
El Sahara es un problema de descolonización, por tanto es España, como potencia administradora, la responsable de la situación actual del Sáhara Occidental y de la tragedia de su pueblo, y debe asumir sus responsabilidades hacia una solución pacífica que pase por el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. España, de la mano de la Unión Europea y la Comunidad Internacional deben actuar firmemente y exigir el cumplimiento del derecho internacional recogido en decenas de resoluciones de Naciones Unidas
