El eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer ha preguntado a la Comisión Europea sobre el cierre que la empresa Bosch anunció en febrero pasado de una de las divisiones que la empresa tiene en Alcalá de Henares (Madrid).
Bosch anunció un programa de reestructuración para su división de Sistemas de Gasolina. Dicho plan, pretende trasladar el producto "filtros de gasolina" a su factoría de Aranjuez (Madrid) situada a 75 kilómetros, afectando directamente a 250 trabajadores. También habla de jubilaciones anticipadas para 152 personas más, dada la alta edad media de la plantilla. Y además, no propone ninguna solución para las subcontrataciones.
Este programa, como señala el eurodiputado en su pregunta, supone un atentado contra los derechos sociales de los trabajadores y supone un flagrante incumplimiento de la legislación laboral y comunitaria.
Ante esta situación, Meyer ha preguntado a la Comisión si dispone de información acerca de las posibles ayudas concedidas a la empresa Bosch por parte de autoridades españolas o comunitarias, y a su vez sobre las medidas que la Comisión piensa adoptar para garantizar la aplicación de la legislación comunitaria en materia de despidos colectivos y protección de los derechos de los trabajadores. En el escrito, el eurodiputado pregunta a la Comisión si no considera que la empresa Bosch debería realizar inversiones en su centro de Alcalá de Henares para evitar su cierre, puesto que un traslado de 75 Km., sin soluciones para los trabajadores de las subcontratas supone, en realidad, un grave problema social de despidos.
Bosch anunció un programa de reestructuración para su división de Sistemas de Gasolina. Dicho plan, pretende trasladar el producto "filtros de gasolina" a su factoría de Aranjuez (Madrid) situada a 75 kilómetros, afectando directamente a 250 trabajadores. También habla de jubilaciones anticipadas para 152 personas más, dada la alta edad media de la plantilla. Y además, no propone ninguna solución para las subcontrataciones.
Este programa, como señala el eurodiputado en su pregunta, supone un atentado contra los derechos sociales de los trabajadores y supone un flagrante incumplimiento de la legislación laboral y comunitaria.
Ante esta situación, Meyer ha preguntado a la Comisión si dispone de información acerca de las posibles ayudas concedidas a la empresa Bosch por parte de autoridades españolas o comunitarias, y a su vez sobre las medidas que la Comisión piensa adoptar para garantizar la aplicación de la legislación comunitaria en materia de despidos colectivos y protección de los derechos de los trabajadores. En el escrito, el eurodiputado pregunta a la Comisión si no considera que la empresa Bosch debería realizar inversiones en su centro de Alcalá de Henares para evitar su cierre, puesto que un traslado de 75 Km., sin soluciones para los trabajadores de las subcontratas supone, en realidad, un grave problema social de despidos.
