Esta semana el eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer acogió un encuentro en el Parlamento Europeo para evaluar el impacto de los megaproyectos sobre los territorios indígenas en Colombia.
La organización Human Rights Everywhere presentó un informe a petición de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena en el que realiza un diagnóstico actualizado del grado de impacto que los megaproyectos están teniendo sobre los territorios y los pueblos indígenas en Colombia.
Tras 90 años de explotación petrolera en Colombia no hay constancia de ningún caso en el que el pueblo indígena haya salido beneficiado de las actividades de esta industria. Al contrario, la exploración, explotación y el transporte de hidrocarburos en territorios indígenas ha sido sinónimo de violencia y violaciones sistemáticas de sus derechos, llegando en algunos casos, cono los Yatiguies a la extinción del pueblo entero. Actualmente las actividades petroleras afectan a 42 pueblos indígenas. 8 de estas empresas son europeas, 2 de Reino Unido, 2 de Francia, 1 anglo-francesa, una española y una neerlandesa.
Otra actividad que está afectando a los indígenas en Colombia es el cultivo de hoja de coca para su uso ilícito. El número de pueblos indígenas afectado por los cultivos no ha dejado de aumentar año tras año, en 2006 ya sumaban 51. Las fumigaciones afectaron en 2006 por lo menos a 33 pueblos. Estas fumigaciones, pese a afectar a territorios indígenas, se han aplicado sin tener en cuenta el derecho de consulta previa, obligatorio en cumplimiento de la legislación nacional e internacional suscrita por Colombia. A su vez, estos cultivos de coca afectan la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas, tienen un impacto ecológico muy grande y provocan una hiperinflación económica. Además, conllevan la invasión colonizadora y la existencia de grupos ilegales que controlan la economía cocalera, de grupos antinarcóticos y el ejército colombiano.
El informe, en sus conclusiones recomienda que se respete y se cumpla la legislación nacional e internacional que protege los derechos de los pueblos indígenas. Que se respete, a su vez, el derecho a la consulta previa, que se suspendan las fumigaciones sobre los territorios, y por último que Colombia adopte la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los indígenas y el Convenio 169 de la OIT.
La organización Human Rights Everywhere presentó un informe a petición de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena en el que realiza un diagnóstico actualizado del grado de impacto que los megaproyectos están teniendo sobre los territorios y los pueblos indígenas en Colombia.
Tras 90 años de explotación petrolera en Colombia no hay constancia de ningún caso en el que el pueblo indígena haya salido beneficiado de las actividades de esta industria. Al contrario, la exploración, explotación y el transporte de hidrocarburos en territorios indígenas ha sido sinónimo de violencia y violaciones sistemáticas de sus derechos, llegando en algunos casos, cono los Yatiguies a la extinción del pueblo entero. Actualmente las actividades petroleras afectan a 42 pueblos indígenas. 8 de estas empresas son europeas, 2 de Reino Unido, 2 de Francia, 1 anglo-francesa, una española y una neerlandesa.
Otra actividad que está afectando a los indígenas en Colombia es el cultivo de hoja de coca para su uso ilícito. El número de pueblos indígenas afectado por los cultivos no ha dejado de aumentar año tras año, en 2006 ya sumaban 51. Las fumigaciones afectaron en 2006 por lo menos a 33 pueblos. Estas fumigaciones, pese a afectar a territorios indígenas, se han aplicado sin tener en cuenta el derecho de consulta previa, obligatorio en cumplimiento de la legislación nacional e internacional suscrita por Colombia. A su vez, estos cultivos de coca afectan la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas, tienen un impacto ecológico muy grande y provocan una hiperinflación económica. Además, conllevan la invasión colonizadora y la existencia de grupos ilegales que controlan la economía cocalera, de grupos antinarcóticos y el ejército colombiano.
El informe, en sus conclusiones recomienda que se respete y se cumpla la legislación nacional e internacional que protege los derechos de los pueblos indígenas. Que se respete, a su vez, el derecho a la consulta previa, que se suspendan las fumigaciones sobre los territorios, y por último que Colombia adopte la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los indígenas y el Convenio 169 de la OIT.
