Hasta Mayo de 2007, un importante número de empresas auxiliares de Naval se negaban a aplicar el porcentaje de trabajadores fijos (45%), establecido en el artículo 8 del Convenio provincial del Metal en Pontevedra, pese a haber sido objeto de diversas inspecciones de trabajo y haber contado con plazos suficientes para adecuar su situación a la legislación vigente. Ante esta situación, y frente a la incapacidad de la Consellería de Traballo del PSOE, para hacer cumplir la Ley, los trabajadores de Naval acudieron a la huelga.Esta huelga fue promovida de forma unitaria por las principales centrales sindicales presentes en los astilleros de Naval, para reclamar la adopción de medidas directas y urgentes contra aquellos astilleros que contrataban empresas auxiliares incumpliendo el Convenio provincial, y para reclamar la continuidad de los trabajadores empleados dentro de otras empresas de Naval.
La huelga unitaria duró varios días y durante la misma los trabajadores movilizados ocuparon el edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Vigo.
Con su movilización estos trabajadores lograron que se aplique el Convenio provincial del Metal, garantizando unas mejores condiciones de trabajo: seguridad, estabilidad, etc. El logro de esta movilización ha sido tan importante que ha puesto en tela de juicio la Directiva Bolkenstein.
Sin embargo, actualmente cuatro de los obreros movilizados están sometidos a un proceso judicial, donde se piden penas individuales de 1.830 euros y una multa colectiva de 8.220 euros, además de una pena de 4 años de cárcel para uno de ellos. El juicio, inicialmente previsto para el pasado jueves, ha sido aplazado para el 5 de Febrero.
Ayer, miles de trabajadores arroparon a sus compañeros, ante las puertas del juzgado, y secundaron las movilizaciones en solidaridad con los procesados. Desde Izquierda Unida queremos sumarnos a las muestras de solidaridad con los cuatro trabajadores procesados y exigimos la retirada de las demandas, así como el sobreseimiento del caso.
