El Presidente francés Nicolás Sarkozy lanzó ayer una nueva propuesta para endurecer las ya de por sí difíciles condiciones de la inmigración en Europa. El "contrato de integración" será una de las medidas que Francia -que ocupará la Presidencia de turno de la UE en los próximos 6 meses- presentará en el primer Consejo de la UE para abrir de nuevo el debate sobre la inmigración.El eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer manifestó hoy que "la propuesta francesa va en la misa línea que la propuesta de Berlusconi, pretendiendo criminalizar a los sin papeles". Para Meyer, "el contrato de integración, que obligaría a los inmigrantes a conocer la lengua del país europeo de acogida y la aceptación de sus valores resulta redundante y discriminatorio".
"Estas dos últimas de manifestaciones de los dos mandatarios europeos- constató Meyer- no son más que un ejemplo de la política comunitaria en materia de inmigración, que pretende convertir a la UE en una fortaleza cerrada a los inmigrantes, impulsando tan solo una inmigración escogida en función de los intereses de Europa y olvidando las cuestiones humanitarias que obligan a personas de terceros países a abandonar sus hogares."
El eurodiputado ha querido denunciar también "la política de doble rasero de la Unión, que a la vez que intenta cerrar sus fronteras, diminuye la ayuda a la cooperación con los terceros países, poniendo en peligro el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y mostrando una insensibilidad ante la hambruna en un momento de crisis alimentaria como la actual."
El mismo espíritu comparte la propuesta de Directiva de Retorno, que fue consensuada la semana pasada entre los representantes de los Ejecutivos de los Estados Miembros y que deberá votarse el próximo mes de junio en el Parlamento Europeo. Para Willy Meyer "esta Directiva, también llamada de la vergüenza, supone la continuidad de las políticas represivas de la Unión en este ámbito e institucionaliza la desaparición de los derechos fundamentales de las personas inmigrantes".
El texto que será votado en la eurocámara posibilita la detención casi automática y bajo justificación administrativa, lo que en palabras del eurodiputado de Izquierda Unida "la convierte en una detención arbitraria que contraviene el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos". "La propuesta de ampliación del plazo de la detención de 6 a 18 meses que en el caso de España ahora es de 40 días -continuó Meyer- sólo tiene como objetivo castigar y controlar a los extranjeros, aumentando en sufrimiento de los retenidos, puesto que los centros de internamiento presentan condiciones deplorables". Meyer recordó que "así lo ha señalado un informe de la propia Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, en cuyas conclusiones se recoge que en el caso de España se vulnera gravemente los derechos fundamentales de los extranjeros que, por estar en situación administrativa irregular, se encuentran literalmente detenidos en estos centros de internamiento de carácter penitenciario en condiciones lamentables y sin que se pueda ejercer control externo alguno en la gestión de los mismos."
Meyer explicó también que en la propuesta de Directiva consensuada por los 27 "se sistematiza la prohibición durante 5 años de readmisión en territorio europeo para las personas expulsadas, lo que supone un castigo y una estigmatización de los inmigrantes, además de una violación del derecho de reagrupación familiar, cerrando a su vez la puerta a la posibilidad de que estas personas puedan venir a Europa en intercambios culturales o profesionales."
Quizás el aspecto que generó más desacuerdo entre los Estados miembros fue la obligatoriedad de prestar asistencia jurídica al candidato a ser expulsado. Alemania, Austria y Grecia no aceptaban los costes que esto supondría al Estado, por lo que finalmente la Directiva no armoniza este derecho y lo deja sometido a las condiciones de cada Estado.
Uno de los puntos más aberrantes, según constató Willy Meyer, es el referente a los menores: "Los menores no acompañados recibirán, en el caso de que se apruebe la Directiva, el mismo trato que los adultos, pudiendo ser retenidos en centros de internamiento y expulsados, en clara violación del principio fundamental del interés superior del menor recogido por el Comité de Derechos de los Niños de Naciones Unidas".
En definitiva, en palabras de Meyer: "tenemos una dura batalla el próximo mes de junio en el Parlamento Europeo para intentar paralizar esta Directiva, que pretende ser la pieza fundamental de la política represiva de la UE hacia los inmigrantes"."Desde el Grupo de la Izquierda Unitaria Europa, nos vamos a oponer como ya lo hicimos en su día en la Comisión de Libertades, a la aprobación de un texto legislativo que viola claramente los derechos fundamentales de las personas inmigrantes."
