El eurodiputado de Izquierda Unida willy Meyer ha preguntado hoy a la Comisión europea por el incumplimiento del acuerdo de la Junta de Andalucía con los cooperativistas del Plan Almonte Marismas, en el Parque de Doñana.
En 1992 la Comisión Internacional de Expertos sobre Estrategias para el desarrollo Socioeconómico Sostenible del Entorno de Doñana recomendó la reubicación de cultivos intensivos del entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva) en otras zonas evitando el contacto directo con el Parque y alejándolos del Arroyo de la Rocina, a fin de reducir la presión sobre los acuíferos y favorecer el equilibrio medioambiental de Doñana.
La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, con el apoyo y financiación de fondos europeos, propuso a los concesionarios de las tierras afectadas dos opciones: el abandono de los cultivos acogiéndose a ayudas europeas durante 20 años, o el acceso a la propiedad de las tierras con determinadas condiciones entre las que se encontraba la reubicación de dichos cultivos intensivos en otras zonas que no afectasen al delicado ecosistema de Doñana.
Según Meyer, la administración andaluza ha incumplido gravemente las condiciones pactadas, y respaldadas por Bruselas, produciendo un agravio comparativo entre los dos grupos de cooperativistas, favoreciendo a los que optaron por acceder a la propiedad de la tierra y a la reubicación de los cultivos. En concreto ha permitido la compraventa de parcelas objeto de concesión sin esperar los 8 años preceptivos tras la obtención de los títulos de propiedad, favoreciendo así la especulación. Además, en este momento siguen existiendo cultivos intensivos en dicha zona. También se han dado graves incumplimientos en lo que se refiere a las condiciones pactadas con los cooperativistas que optaron por continuar los cultivos: las deudas contraídas con el Instituto Andaluz de Reforma Agraria se han cobrado en plazos distintos a los inicialmente estipulados y se han condonado parte de las deudas contraídas con el Instituto de Fomento de Andalucía.
El eurodiputado ha pedido a la Comisión que se interese por el caso, y que arbitre las medidas necesarias para que la Junta de Andalucía cumpla con los compromisos adquiridos en el denominado Dictamen de la Comisión Internacional de Expertos sobre Estrategias para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible del Entorno de Doñana de 1992. A su vez, ha demandado a la Comisión que se pronuncie sobre cómo piensa evitar el agravio comparativo entre los dos grupos de cooperativistas implicados defendiendo así la igualdad de trato entre ciudadanos/as de la Unión.
En 1992 la Comisión Internacional de Expertos sobre Estrategias para el desarrollo Socioeconómico Sostenible del Entorno de Doñana recomendó la reubicación de cultivos intensivos del entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva) en otras zonas evitando el contacto directo con el Parque y alejándolos del Arroyo de la Rocina, a fin de reducir la presión sobre los acuíferos y favorecer el equilibrio medioambiental de Doñana.
La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, con el apoyo y financiación de fondos europeos, propuso a los concesionarios de las tierras afectadas dos opciones: el abandono de los cultivos acogiéndose a ayudas europeas durante 20 años, o el acceso a la propiedad de las tierras con determinadas condiciones entre las que se encontraba la reubicación de dichos cultivos intensivos en otras zonas que no afectasen al delicado ecosistema de Doñana.
Según Meyer, la administración andaluza ha incumplido gravemente las condiciones pactadas, y respaldadas por Bruselas, produciendo un agravio comparativo entre los dos grupos de cooperativistas, favoreciendo a los que optaron por acceder a la propiedad de la tierra y a la reubicación de los cultivos. En concreto ha permitido la compraventa de parcelas objeto de concesión sin esperar los 8 años preceptivos tras la obtención de los títulos de propiedad, favoreciendo así la especulación. Además, en este momento siguen existiendo cultivos intensivos en dicha zona. También se han dado graves incumplimientos en lo que se refiere a las condiciones pactadas con los cooperativistas que optaron por continuar los cultivos: las deudas contraídas con el Instituto Andaluz de Reforma Agraria se han cobrado en plazos distintos a los inicialmente estipulados y se han condonado parte de las deudas contraídas con el Instituto de Fomento de Andalucía.
El eurodiputado ha pedido a la Comisión que se interese por el caso, y que arbitre las medidas necesarias para que la Junta de Andalucía cumpla con los compromisos adquiridos en el denominado Dictamen de la Comisión Internacional de Expertos sobre Estrategias para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible del Entorno de Doñana de 1992. A su vez, ha demandado a la Comisión que se pronuncie sobre cómo piensa evitar el agravio comparativo entre los dos grupos de cooperativistas implicados defendiendo así la igualdad de trato entre ciudadanos/as de la Unión.
