El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer y el italiano Marco Cappato han interpelado de nuevo a la Comisión Europea por el impuesto municipal sobre "Construcciones, Instalaciones y Obras" (ICIO) que grava la realización de obras y que podría estar favoreciendo a la Iglesia católica, contraviniendo el Derecho Comunitario.
Con estas ya son tres las interpelaciones que los dos eurodiputados han remitido a la Comisión al respecto.
En el año 2001 a través de una Orden Ministerial "la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones, las Ordenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas (...)" quedan total y permanentemente exentas de dicho Impuesto.
En las preguntas a la Comisión se señalaba que "el estado español está concediendo la exención a obras relacionadas con actividades económicas en las que la Iglesia católica actúa como empresa, es decir, a explotaciones comerciales que realizan en clara competencia con otras empresas privadas que sí están sujetas al ICIO." Así lo han documentado los diputados, dando como ejemplos la construcción de escuelas privadas, universidades privadas, hospitales privados, obras en emisoras de radio privadas, entre otros.
Efectivamente, la última respuesta de la Comisaria de la Competencia, la Sr. Kroes, recibida el pasado mes de abril, reconocía poder haber malinterpretado las disposiciones fiscales españolas pertinentes que regulan el ICIO, y se comprometió a pedir a las autoridades españolas que aclasen el ámbito de aplicación de la exención en cuestión.
Por este motivo, Meyer y Cappato han querido demandar de nuevo a la Comisión sobre estas aclaraciones que debieran haber sido remitidas por las autoridades españolas, y qué tipo de pasos va dar la Comisión para subsanar el error.
Con estas ya son tres las interpelaciones que los dos eurodiputados han remitido a la Comisión al respecto.
En el año 2001 a través de una Orden Ministerial "la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las Parroquias y otras circunscripciones, las Ordenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas (...)" quedan total y permanentemente exentas de dicho Impuesto.
En las preguntas a la Comisión se señalaba que "el estado español está concediendo la exención a obras relacionadas con actividades económicas en las que la Iglesia católica actúa como empresa, es decir, a explotaciones comerciales que realizan en clara competencia con otras empresas privadas que sí están sujetas al ICIO." Así lo han documentado los diputados, dando como ejemplos la construcción de escuelas privadas, universidades privadas, hospitales privados, obras en emisoras de radio privadas, entre otros.
Efectivamente, la última respuesta de la Comisaria de la Competencia, la Sr. Kroes, recibida el pasado mes de abril, reconocía poder haber malinterpretado las disposiciones fiscales españolas pertinentes que regulan el ICIO, y se comprometió a pedir a las autoridades españolas que aclasen el ámbito de aplicación de la exención en cuestión.
Por este motivo, Meyer y Cappato han querido demandar de nuevo a la Comisión sobre estas aclaraciones que debieran haber sido remitidas por las autoridades españolas, y qué tipo de pasos va dar la Comisión para subsanar el error.
